El fiasco de Bankia y de las cajas de ahorro que la constituyen exige
no sólo una explicación en sede parlamentaria, sino una exigencia de
responsabilidades a todos los niveles. En primer lugar, claro está, la de los
gestores de estas entidades, puestos por el PP, que, qué duda cabe, son los
máximos responsables del desastre al que estamos asistiendo, y de ahí tanto
interés por parte del PP en rechazar cualquier tipo de investigación al
respecto que les señalaría como tales. También es necesario, desde luego, la de
los miembros de sus respectivos órganos de gobierno, consejos de administración
y comisiones de control, que, por acción u omisión, han sido agentes necesarios
de este escarnio. Esta responsabilidad alcanza igualmente a las respectivas
comunidades autónomas, sobre todo, a las de Madrid y Valencia, casualmente del
PP., que tenían el deber legal de vigilar y controlar las cajas de ahorro de su
ámbito. Es asimismo exigible esa responsabilidad al Banco de España,
institución encargada de hacer cumplir la normativa legal de cajas y bancos,
pero más interesada en reducir salarios y derechos a los trabajadores. Y, en
última instancia, cabe una responsabilidad política de los gobiernos por haber
manipulado a las cajas de ahorro en beneficio de intereses partidistas y
oscuros objetivos de los llamados mercados financieros, que, desde hace muchos
años, venían pugnando por la "bancarización" de las cajas de ahorro,
con una historia larguísima de éxito hasta su conversión en bancos de
inversión.
Sin embargo, nada de esto se
está produciendo y, como siempre, asistimos al juego de la confusión, de tirar
balones fuera y, una vez más, a la tomadura de pelo a la ciudadanía, que,
además, es quien finalmente va a pagar los platos rotos con las aportaciones
multimillonarias inyectadas al sector financiero con dinero del contribuyente.
Unos dicen que no es el
momento de investigar lo que ha ocurrido en Bankia para no crear más alarma en
los mercados (habría que denominarlos como lo que son: ESPECULADORES), pero mientras tanto tenemos que aportar una
cantidad de dinero escandalosa para el mantenimiento de una entidad, que si nos
atenemos a los datos que nos llegan como este del buen tipo que va a cobrar 14
millones de euros como indemnización, será para que sigan forrándose cuatro
mangantes a costa del dinero de todos y todas (últimamente, ante la inmoralidad
que esto significa, se ha informado que se va a revisar este acuerdo. Ya
comprobaremos como el capitalito que se lleva al final este individuo será muy
superior a lo que se puede ganar en toda una vida laboral cobrando el SMI). Así
el PP está, con su mayoría absoluta, impidiendo que se cree una comisión de
investigación en el Congreso de los Diputados y ni tan siquiera admite la
comparecencia en el Parlamento de los presuntos responsables del desaguisado.
Es más, prohíbe al Gobernador del Banco de España hablar del asunto.
Mientras tanto el PSOE ha
estado un largo tiempo discutiendo si son galgos o podencos; finalmente han
decidido solicitar la creación de una comisión de investigación parlamentaria,
no sé si porque saben que el PP lo va a imposibilitar, en la que se pueda
aclarar, y supongo, pedir responsabilidades a quien haya incurrido en falta.
Uno de los más beligerantes, dentro del PSOE, a favor de la creación de esa
comisión de investigación ha sido el Secretario General del PSM, Tomás Gómez,
quien al parecer ha manifestado, entre otras muchas más cosas, que el rodillo parlamentario del Partido Popular
ha decidido frenar cualquier cosa que se parezca lejanamente a una
investigación en el Congreso sobre la presunta estafa de Bankia, Sí, he dicho
estafa: usemos las palabras con propiedad. ¡Bravo por Tomás Gómez! Sí,
señor, ya es hora de utilizar las palabras con propiedad. Pues nada, que se
autocalifique con propiedad en este asunto cuando manifiesta: si yo fuera consejero dela Caja de Madrid
emprendería acciones contra su presidente. Yo me pregunto, ¿Estos
representantes del PSM no se enteraron de lo que estaba ocurriendo? ¿No se han
enterado de la presunta estafa que han cometido? ¿Por qué el PSM no emprende
esas acciones contra los presidentes de Bankia u obliga a sus representantes en
el Consejo de Administración a ello? ¿O es que acaso los consejeros del PSOE
han estado a título personal? ¿O fueron elegidos en su día por el Espíritu
Santo en forma de paloma y, por tanto, representaban a esa paloma y no al PSOE?
Coincido bastante, sin
embargo, con la crítica que realiza Tomás Gómez -cuando no trata de escabullir
la responsabilidad, aunque sea menor, que tienen sus representantes- sobre lo
sucedido en Bankia. Me parece insólito,
y poco apropiado, no obstante, que ello no venga precedido, o acompañado, de un informe
exhaustivo de los miembros del Consejo de Administración nombrados por el PSOE
relatando todo lo ocurrido en la entidad y cual ha sido su papel en todo ello. No se puede amparar en la simpleza de que han sido engañados por Rodrigo Rato
IU que, aunque se ha
corresponsabilizado, de alguna manera, al decir que su representante, Moral
Santín, no nos ha representado
correctamente, ha pedido que se devuelva parte del dinero percibido por los
consejeros y que se exija a todos y cada uno sus responsabilidades. En
cualquier caso, IU debería de hacer otro tanto de lo mismo: realizar un informe
con los datos aportados por su representante y hacerlo público. Mucho me temo
que su representante no esté por la labor. Pues nada, que se diga: luz y
taquígrafos para todos.
Por último, dejo para el
final lo que para mí es más importante: los sindicatos. Los sindicatos de clase
mayoritarios, que también tenían representantes en el Consejo de Administración
de la entidad, además de pedir transparencia en el asunto, deberían de dar todo
tipo de explicaciones, pues supongo que para los trabajadores y trabajadoras de
Bankia, así como para el resto de la sociedad, el saber que, según se ha dicho
en los medios de comunicación, algunos de los consejeros pertenecientes a los
sindicatos han percibido más de trescientos mil euros (50.000.000 de pesetas) el
año pasado, habrá constituido un hecho inconcebible.
En mi modesta opinión, los
sindicatos, más que ninguna otra organización, están obligados a rendir cuentas
ante los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, para evitar
falsas interpretaciones y rumores de todo tipo, considero que los sindicatos
deberían de informar del destino de esas cantidades, que no dudo en absoluto que
hayan sido utilizadas en beneficio de la clase trabajadora. Elaborar un
informe, y hacerlo público, en el que figure la justificación del cobro de
estas cantidades (exorbitantes sin lugar a dudas), las actividades, votaciones,
posiciones mantenidas dentro del Consejo por sus representantes y todo aquello
que se considere beneficioso para el bien de la imagen del sindicalismo de
clase, es algo imprescindible y urgente.
En ello confío. Espero y
deseo que se realice cuanto antes.
Saludos cordiales,
