Es tal el desprestigio de los políticos que todo lo que se diga de ellos, incluso la barbaridad más disparatada, es abrazado por la ciudadanía sin entrar en más averiguaciones apropiándose y divulgando tal barbaridad sin ningún miramiento. Y lo que es peor, la mayoría, empujados por un entusiasmo que se lleva por delante cualquier tipo de cautela y prudencia, cuando recibimos algún correo contra los políticos, nos dedicamos a propagarlo entre los amigos reenviándolo una y otra vez sin pararnos a reflexionar sobre el contenido y sin preguntarnos qué se persigue exactamente con esta proliferación de panfletos.
En este caso se trata de un decálogo reivindicativo que nos llega y el asunto es “Preparando el terreno. REDUZCAMOS EL DEFICIT A TRAVES DE LOS POLITICOS” ¿De verdad que alguien se cree que si el objetivo es la reducción del déficit lo vamos a conseguir con las 10 medidas que se propone? Continúa diciendo que “Se va a proceder en los próximos meses a la recogida de firmas para presentar la siguiente Iniciativa Legislativa […] es importante […] que todos estemos preparados y dispuestos cuando se inicie” Pero… nadie firma la iniciativa, nadie se hace responsable de nada, nada se dice de quién va a coordinar la recogida de firmas (recoger 500.000 firmas para presentar una ILP es algo complicado y complejo, difícil, como muchos sabemos), cuando se va a iniciar, cuando se pretende presentar en el Congreso de los Diputados, etc. Se dice que es una ILP para pedir una “Ley de Reforma del Congreso (enmienda de la Constitución de España)” pero para conseguir lo que el decálogo reivindica, para la mayoría de las modificaciones que se exige, no es necesario tocar la Constitución, lo cual deja muchas dudas del conocimiento jurídico y constitucional que tiene el iniciador de tan singular propuesta. Por último, el iniciador pide que se envíe el correo a veinte personas y éstas a su vez a otras veinte y así sucesivamente, de tal forma que “en tres días, la mayoría de las personas de este país tendrán este mensaje” Para colmo, como lo he recibido en distintas ocasiones, en algunas de ellas adjuntan publicidad.
En fin, entremos a analizar el contenido concreto de este Decálogo Reivindicativo para reducir el déficit.
1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato realizado.
Lo mejor para confundir al personal es decir las cosas a medias o decir medias verdades, pues, en este caso, se induce al lector a pensar que los exparlamentarios tienen la vida resuelta para el resto de sus días, es decir, tienen un sueldo vitalicio como mucha gente cree (aunque sea anecdótico, el otro día en un programa de Tele 5 que participó Gaspar Llamazares, un joven le exigió que se eliminasen los sueldos vitalicios de los políticos. Cuando Llamazares le informó que los únicos sueldos vitalicios existentes son los de los expresidentes del Gobierno el chaval le contestó que se estaba riendo de todos, recibiendo el aplauso de toda la gente que estaba en el plató) No es así, ni mucho menos. Lo que sí cobran los diputados (¿se referirán a esto?) que después de estar una o varias legislaturas dejan de ser parlamentarios es una especie de indemnización de un mes de la asignación constitucional (su salario base, se podría decir, 2.813,87€ en la actualidad) por cada año que haya estado en el Congreso, hasta un máximo de 24 mensualidades, es decir igual, o menos incluso, que cualquier trabajador hasta la reforma laboral del PP. Esta indemnización es de cobro mensual, pero hay que advertir que “esta indemnización será incompatible con la percepción de cualquier retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado” (Ver B.O.C.G., Sección Cortes Generales. Serie A. núm. 455, de 22 dejulio de 2011). Lo de la jubilación lo veremos en un apartado específico ya que sale de forma repetida en distintos puntos del decálogo.
2. El diputado contribuirá al Régimen General de la Seguridad Social como el resto de ciudadanos. El fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social. El diputado participará de los beneficios del régimen de la Seguridad Social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad.
Joder, menudo batiburrillo. Una vez más aparece el tema de las pensiones que más adelante veremos. De momento, las Cortes Generales cotizan a la Seguridad Social lo que corresponde a los parlamentarios como colectivo y disfrutan, por tanto, como el resto de la ciudadanía de los derechos, que no beneficios, que se desprenden de la mencionada cotización (Ver artículo 9 del Reglamento delCongreso de los Diputados). Por cierto, añadir que otros de los bulos que corren sobre las condiciones económicas y fiscales de los diputados es que no pagan el IRPF: es una absoluta falsedad.
3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles.
Es de conocimiento generalizado que no todos los españoles tienen un plan de pensiones, si es eso lo que debemos de entender por plan de jubilación. Sin embargo sí existen muchos casos en los que los trabajadores negocian con sus empresas el constituir un fondo colectivo de pensiones en el que las aportaciones las hace la empresa y el trabajador, si quiere, puede realizar sus propias aportaciones. Todos sabemos, también, que el sistema de pensiones de la Seguridad Social es de carácter solidario y es un sistema de reparto y no de capitalización como son los fondos de pensiones. Por ello, tanto los parlamentarios como el resto de los trabajadores, lo que están pagando con sus cotizaciones son las pensiones de las clases pasivas existentes en la actualidad y las suyas las pagarán los que estén activos cuando les corresponda cobrarlas. En todo caso, lo de las pensiones ya lo veremos de forma específica.
4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario.
Los sueldos del Parlamento van englobados en la partida presupuestaria correspondiente a las Cortes Generales y se votan con los Presupuestos Generales del Estado. La única vez que se ha votado por el Pleno del Congreso de los Diputados específicamente el tema de los salarios fue para aprobar una reducción del 15%, creo recordar que fue en el año 2010. Por otra parte, como es sabido, los sueldos de los diputados españoles son los más bajos de toda Europa. Actualmente el salario (asignación constitucional como se denomina técnicamente) de un diputado es de 2.813,87€ a los que hay que añadir la denominada “Indemnización”, que hace referencia a la residencia, que es de 1.823,86 para los de fuera de Madrid y 870,56 para los de Madrid. A ello hay que sumar los complementos que reciben determinados diputados en función del cargo que ocupan dentro del Congreso, en sus grupos, en la Mesa o en comisiones (Ver Régimeneconómico y ayudas a los señores diputados). Vamos, ni por lo más remoto se llega a los salarios de los diputados italianos (4 veces más que el de los españoles), franceses, alemanes, griegos, portugueses, etc. Asimismo, los gastos que genera el Congreso son también lo más bajos de Europa. Por ejemplo, en el Congreso hay 441 funcionarios, es decir, una relación de 1,26 por diputado. En el Parlamento Europeo es de 5,96 y en Francia y el Reino Unido es el doble.
5. El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles.
Una falsedad más. No es cierto que los diputados tengan un "sistema particular de salud", tienen el Sistema Nacional de Salud, ni siquiera existe un concierto con aseguradoras privadas como tienen algunas empresas para sus trabajadores.
6. El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles
Tendrían que informar qué leyes concretas están exentas de cumplir los diputados. Que yo sepa no hay ninguna que puedan incumplir por la patilla. ¿Se refieren a que tienen una protección de aforados? Si es así, la situación de aforado es un concepto que nada tiene que ver con la inviolabilidad o la inmunidad legal absoluta y sí con una protección jurídica que les ampara en caso de que reciban ataques groseros debido a la actividad que desarrollan.
7. Servir en el Congreso es un trabajo, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas) y luego reincorporarse a la vida laboral previa a su etapa de Servicio Público.
Ciertamente ser diputado debe considerarse un trabajo y si se quiere exigir eficiencia en el desempeño de la tarea legislativa, individual de cada diputado y colectivamente de la institución, sería una incongruencia limitarlo a dos mandatos. Es más, si se aspira a vincular más al elector con los cargos que elige, mediante listas abiertas y reconsideración de los distritos electorales, por ejemplo, lo que a su vez va en la dirección de restar poder a los aparatos partidarios y hacerles depender más de sus electores, no tendría mucho sentido limitar el mandato a otra contingencia que no sea el criterio o la valoración que le merezca a sus electores. Otra cosa es la limitación de cargos dirigentes, sean presidentes de gobierno o secretarios generales de partidos. Pero en fin, aquí no hay falsedad o medias verdades: simplemente una opinión que yo no comparto, sin más.
8. Reducir un 30% el número de componentes políticos de las instituciones. (concejales de ayuntamiento, diputados nacionales, diputados regionales, etc.).
He de reconocer que hay algunas cuestiones que me cuestan comprender a qué se refieren. Así en esta ocasión con “componentes políticos” debe referirse (por lo que se amplía en el paréntesis) a los representantes de la soberanía popular en exclusiva. Un punto más con el que, sencillamente, no coincido, ¿por qué un 30%? ¿Por qué no el 50, el 25 o el 33% o aumentar nuestros representantes en las instituciones eliminando, por ejemplos, los cargos no electos como asesores, asistentes y un largo etcétera? Pero bueno… tan arbitrario es un porcentaje como otro. Pienso que el nivel adecuado de cargos públicos en las instituciones representativas debería de depender del estudio de las realidades sociales, demográficas, territoriales, etc. (en la actualidad el Congreso de los Diputados consta de 350 miembros que no parece que sea una exageración, máxime si lo comparamos con otros parlamentos europeos: Italia 630, Francia 577, Alemania 622, Portugal 230…)
Ahora bien, si se trata sin más de la reducción de cargos electos, que es, por cierto, lo que está haciendo el PP en muchos de los sitios donde está gobernando, deberíamos de estar absolutamente en contra, pues se trata, ni más ni menos, de una argucia populista para debilitar la democracia misma; no tiene nada de inocente y menos aún de "regeneradora"; normalmente son reducciones que amplían el poder de las mayorías gobernantes y reducen el poder de los representados a lo que no es ajena la otra medida, peor aún, que es la de eliminar los sueldos de los cargos electos que se ha impuesto en Castilla La Mancha, Rioja, Castilla y León y....hasta donde puedan y les dejemos...ese es el camino de retorno a la democracia censitaria del siglo XIX, cosa que el incipiente movimiento obrero británico, ya en 1837, tenía muy claro que había que acabar con ella, y así se redactó la “Carta del Pueblo” que contenía 6 puntos reivindicativos entre los que figuraban “la abolición de la condición de propietarios para ser candidatos” y “pago a los miembros del parlamento” para que la clase trabajadora pudiera participar en la acción político-institucional.
9. Eliminar instituciones obsoletas o duplicadas: senado, diputaciones provinciales.
En este caso coincido con algo de lo que se propone en este decálogo: la eliminación de las diputaciones. El Senado, sin embargo, sobrará si no se acomete de una vez la reforma de la Constitución para adecuarla a un nuevo esquema federal.
10. Reducir un 50% el número de asesores de cargos políticos, así como limitar racionalmente sus retribuciones.
Valga lo comentado en el primer párrafo al punto 8 en lo referido a la arbitrariedad de fijar un porcentaje. En este caso, sin embargo, puede haber estadios de la Administración donde sobren aún más, pienso que más que porcentajes habría que fijar criterios y sobre todo mecanismos de verificación, control y en su caso sancionador en los distintos ámbitos de la Administración para con el inmediatamente inferior, para que tal fiscalización no pueda ser la de "Juan Palomo" en cada institución.
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