SEPARACION ESTADO IGLESIA

Leyendo estos días un artículo de Marc Carrillo publicado en El País, valorando una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se ha desestimado la demanda presentada por un profesor de religión católica contra España, me ha traído a la mente la tan constitucional medida de separación entre Estado e Iglesia y, a la vez, tan incumplida en todos los ámbitos del Estado. 

Las relaciones entre las distintas religiones y el Estado se recogen en el artículo 16 de nuestra Constitución, y es en su punto 3 donde se indica que ninguna religión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española manteniendo las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones

Es evidente, pues, que nuestra Constitución plantea claramente la separación entre Estado e iglesias, incluida, claro está, la Católica. Es con esta última, sin embargo, con la que, probablemente por tantos siglos de unión a modo de siameses, seguimos topando (bueno, hay muchos que no se topan sino que se abrazan fuertemente).

Hay en determinadas épocas y momentos –por ejemplo, en la toma de posesión de los ministros, pero no solo- en las que en los medios de comunicación se dedican grandes espacios a analizar lo ocurrido en esa toma de posesión ante un crucifijo, si el ministro ha jurado o comprometido, si ha puesto la mano en la Biblia o la Constitución (bueno, en algunos casos donde ponen la mano nuestros cargos públicos es en la pasta), etc.

Hay otros muchos actos oficiales estatales en los que queda claro que, en efecto, la separación entre iglesias y Estado está todavía muy lejos de ser efectiva. Se ha dado el caso, un tanto singular, que en funerales de Estado por víctimas de atentados se han celebrado misas católicas y no se ha tenido en cuenta que entre las víctimas había fallecidos de otras religiones.

En este aspecto es de destacar que en donde se comienza a dar esta amalgama y confusión entre religión y Estado es en aquellos núcleos más enraizados en las tradiciones, es decir, en los pueblos. En los Ayuntamientos, sean del signo político que sean, no se hace nada para ir avanzando en la línea de separación de ambas instituciones. Supongo que habrá un temor al enfrentamiento con determinados colectivos y se sigue actuando como en tiempos preconstitucionales. Como ocurre con frecuencia se elude la responsabilidad de avanzar hacia una situación de normalidad en lo cotidiano, en el día a día.

Por poner un botón de muestra, en Manzanares El Real, mi pueblo en la actualidad, se han celebrado unas fiestas y el Ayuntamiento ha colgado en su página WEB el cartel de más abajo con la siguiente entradilla: Entre el 22 y el 28 de mayo celebramos las fiestas en honor de Nuestra Señora de la Peña Sacra. Actos religiosos, actividades para niños y actuaciones musicales son parte del completo programa que hemos preparado (el resaltado en negrita es mío).

Como se puede comprobar por el cartel de las fiestas, el completo programa preparado por el Ayuntamiento son eventos de carácter religioso. Más del 80% son actos puramente religiosos.

Considero que, como todo lo concerniente a la ciudadanía, es desde los ámbitos más cercanos a su cotidianeidad desde donde hay que comenzar a formar criterio y cumplir con la normalidad constitucional. En este caso, a diferenciar lo que es de Dios y lo que es del César. Ocurre sin embargo todo lo contrario, es en estos ámbitos en los que más se amalgama lo divino y lo humano, lo religioso y lo civil.

Como desconozco los motivos del Ayuntamiento para organizar los actos que le correspondería en exclusividad a la Iglesia Católica, me he dirigido al mismo por escrito para recabar información, pues a mi modo de ver,  en estricto cumplimiento del mandato constitucional, se debería de haber limitado a autorizar la utilización de las calles del pueblo para las procesiones y poco más. Es decir, cooperar y no protagonizar.

Feliz verano a todas y todos.

 

¡QUÉ PAÍS!

Qué se puede decir de un país en el que su seleccionador nacional de fútbol tiene más sentido de Estado que el propio presidente del gobierno. Qué se puede decir de un país cuyo presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), responsable máximo, por tanto, de organizar el poder judicial en España, se comporta como un delincuente.

Veamos lo primero: Pues no va el muy memo de Rajoy a despedirse de los jugadores de la selección española de fútbol y les dice que echen una mano, que ganen la Eurocopa, que los españoles estamos muy necesitados de una alegría en unos momentos tan difíciles y que con su triunfo pueden dar a los ciudadanos de este país un gran subidón de moral. ¿Pero esto qué es? El Sr. Rajoy no es consciente que lo que más nos subiría la moral a la mayoría de la ciudadanía es que tuviésemos pleno empleo, que no nos desmantelase la enseñanza pública, la sanidad pública, la investigación pública; que no se congelen, o se bajen, sueldos; que no se congelen las pensiones; que no se eliminen nuestros derechos laborales de un plumazo;  que no tengamos que aportar las multimillonarias cantidades que estamos aportando para salvar un sistema financiero mal gestionado y corrupto sin que nadie tenga que dar explicaciones y se les exija responsabilidades; que se nos desahucie, se nos eche de nuestra casa y tengamos que seguir pagando la hipoteca; que… Pero por dios, Sr. Rajoy, hasta tal punto nos considera idiotas a los españoles.

Vamos a ver, algunos nos alegraremos si la selección española de fútbol gana la Eurocopa (probablemente una mayoría), otros les traerá sin cuidado y otros lo lamentarán. Pero de lo que estoy seguro es que nadie, absolutamente nadie, olvidará la situación que padecemos y nadie olvidará los problemas tan graves que a todos nos afectan que es, ni más ni menos, la agresión que estamos sufriendo con los recortes en los derechos básicos de la ciudadanía. Nuestro presidente no debería de seguir los pasos de la presidenta de la Comunidad de Madrid utilizando el fútbol –o sus aledaños con himnos, pitidos, partidos jugados a puerta cerrada- para despistar al personal. Mire usted, como suelen decir ustedes los políticos, dé más la cara y denos usted ese subidón moral que tanto estamos necesitando anunciando que a partir de ahora las tijeras las va a usar exclusivamente para recortar las decisiones que su gobierno está tomando contra las clases más desfavorecidas de este país y que va a cumplir con sus promesas electorales y de investidura. No le quepa duda de que con eso sí nos daría un gran subidón.

En fin, menos mal que nos queda la figura de un hombre sensato, sensible y con un conocimiento nítido de lo que es una cosa, el fútbol, y la otra, la situación política, económica y social del país y, lo que es más importante, de quien es la responsabilidad en cada uno de esos ámbitos. Así el Sr. Del Bosque ha declarado con la sobriedad y la sencillez que le caracteriza, a la vez que con sentido común, virtud que tanto valora nuestro presidente del gobierno, que no creo que ganar la Eurocopa sea la solución a los problemas de España.

Veamos lo segundo: En un principio era “calderilla” y “una miseria”. Con estas palabras calificó el presidente del CGPJ y del TS la denuncia que presentó uno de los vocales del Consejo sobre los gastos de los más de 20 viajes que realizó a Puerto Banús (Marbella) pagados con dinero público así como su estancia y manutención y, al menos, la de los siete escoltas que le acompañaban. Con ello estaba reconociendo implícitamente, aunque restara importancia el asunto, los gastos ocasionados al erario público. Estos viajes a Puerto Banús se produjeron en fines de semana que para este personaje, con más apariencia de miembro de la Conferencia Episcopal que de juez, algunos iban de jueves a martes.

Después dijo que no tenía porqué dar explicaciones a la prensa, es decir, a la opinión pública, a la ciudadanía y solamente informaría en el pleno del Consejo. Cosa que por cierto tampoco hizo, pues en la sesión convocada al efecto, no desveló quiénes le acompañaron en las cenas y almuerzos de los que disfrutó en sus más de 20 viajes ni porqué se desplazó en tantas ocasiones sin que el  residente o residentes en Marbella pudieran trasladarse a Madrid para mantener las reuniones. Y ahí sigue, tan pancho.

Lo más escandaloso, no obstante, es que, al parecer, la normativa reguladora (elaborada por el propio Consejo en 1996)  permite a cualquier miembro del CGPJ no tener que justificar sus gastos en estos asuntos. Una vez más nos encontramos que determinados organismos y estamentos del Estado se gastan el dinero de los contribuyentes como les sale de las narices sin que tengan que dar ningún tipo de explicación ni justificación de sus gastos. En este caso es más sangrante, pues se trata de una estructura que es precisamente quien penaliza con sanciones, a veces hasta con años de cárcel, a quiénes hurtan bastante menos dinero de lo que nos ha supuesto a toda la ciudadanía los viajes de este personaje. Esto sí que es una miseria.

Lo dicho: Qué país

Saludos,

BANKIA: EXPLICACIONES NECESARIAS Y URGENTES

El fiasco de Bankia y de las cajas de ahorro que la constituyen exige no sólo una explicación en sede parlamentaria, sino una exigencia de responsabilidades a todos los niveles. En primer lugar, claro está, la de los gestores de estas entidades, puestos por el PP, que, qué duda cabe, son los máximos responsables del desastre al que estamos asistiendo, y de ahí tanto interés por parte del PP en rechazar cualquier tipo de investigación al respecto que les señalaría como tales. También es necesario, desde luego, la de los miembros de sus respectivos órganos de gobierno, consejos de administración y comisiones de control, que, por acción u omisión, han sido agentes necesarios de este escarnio. Esta responsabilidad alcanza igualmente a las respectivas comunidades autónomas, sobre todo, a las de Madrid y Valencia, casualmente del PP., que tenían el deber legal de vigilar y controlar las cajas de ahorro de su ámbito. Es asimismo exigible esa responsabilidad al Banco de España, institución encargada de hacer cumplir la normativa legal de cajas y bancos, pero más interesada en reducir salarios y derechos a los trabajadores. Y, en última instancia, cabe una responsabilidad política de los gobiernos por haber manipulado a las cajas de ahorro en beneficio de intereses partidistas y oscuros objetivos de los llamados mercados financieros, que, desde hace muchos años, venían pugnando por la "bancarización" de las cajas de ahorro, con una historia larguísima de éxito hasta su conversión en bancos de inversión.

Sin embargo, nada de esto se está produciendo y, como siempre, asistimos al juego de la confusión, de tirar balones fuera y, una vez más, a la tomadura de pelo a la ciudadanía, que, además, es quien finalmente va a pagar los platos rotos con las aportaciones multimillonarias inyectadas al sector financiero con dinero del contribuyente.

Unos dicen que no es el momento de investigar lo que ha ocurrido en Bankia para no crear más alarma en los mercados (habría que denominarlos como lo que son: ESPECULADORES), pero mientras tanto tenemos que aportar una cantidad de dinero escandalosa para el mantenimiento de una entidad, que si nos atenemos a los datos que nos llegan como este del buen tipo que va a cobrar 14 millones de euros como indemnización, será para que sigan forrándose cuatro mangantes a costa del dinero de todos y todas (últimamente, ante la inmoralidad que esto significa, se ha informado que se va a revisar este acuerdo. Ya comprobaremos como el capitalito que se lleva al final este individuo será muy superior a lo que se puede ganar en toda una vida laboral cobrando el SMI). Así el PP está, con su mayoría absoluta, impidiendo que se cree una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y ni tan siquiera admite la comparecencia en el Parlamento de los presuntos responsables del desaguisado. Es más, prohíbe al Gobernador del Banco de España hablar del asunto.

Mientras tanto el PSOE ha estado un largo tiempo discutiendo si son galgos o podencos; finalmente han decidido solicitar la creación de una comisión de investigación parlamentaria, no sé si porque saben que el PP lo va a imposibilitar, en la que se pueda aclarar, y supongo, pedir responsabilidades a quien haya incurrido en falta. Uno de los más beligerantes, dentro del PSOE, a favor de la creación de esa comisión de investigación ha sido el Secretario General del PSM, Tomás Gómez, quien al parecer ha manifestado, entre otras muchas más cosas, que el rodillo parlamentario del Partido Popular ha decidido frenar cualquier cosa que se parezca lejanamente a una investigación en el Congreso sobre la presunta estafa de Bankia, Sí, he dicho estafa: usemos las palabras con propiedad. ¡Bravo por Tomás Gómez! Sí, señor, ya es hora de utilizar las palabras con propiedad. Pues nada, que se autocalifique con propiedad en este asunto cuando manifiesta: si yo fuera consejero dela Caja de Madrid emprendería acciones contra su presidente. Yo me pregunto, ¿Estos representantes del PSM no se enteraron de lo que estaba ocurriendo? ¿No se han enterado de la presunta estafa que han cometido? ¿Por qué el PSM no emprende esas acciones contra los presidentes de Bankia u obliga a sus representantes en el Consejo de Administración a ello? ¿O es que acaso los consejeros del PSOE han estado a título personal? ¿O fueron elegidos en su día por el Espíritu Santo en forma de paloma y, por tanto, representaban a esa paloma y no al PSOE?

Coincido bastante, sin embargo, con la crítica que realiza Tomás Gómez -cuando no trata de escabullir la responsabilidad, aunque sea menor, que tienen sus representantes- sobre lo sucedido en Bankia.  Me parece insólito, y poco apropiado, no obstante, que ello no venga precedido, o acompañado, de un informe exhaustivo de los miembros del Consejo de Administración nombrados por el PSOE relatando todo lo ocurrido en la entidad y cual ha sido su papel en todo ello. No se puede amparar en la simpleza de que han sido engañados por Rodrigo Rato

IU que, aunque se ha corresponsabilizado, de alguna manera, al decir que su representante, Moral Santín, no nos ha representado correctamente, ha pedido que se devuelva parte del dinero percibido por los consejeros y que se exija a todos y cada uno sus responsabilidades. En cualquier caso, IU debería de hacer otro tanto de lo mismo: realizar un informe con los datos aportados por su representante y hacerlo público. Mucho me temo que su representante no esté por la labor. Pues nada, que se diga: luz y taquígrafos para todos.

Por último, dejo para el final lo que para mí es más importante: los sindicatos. Los sindicatos de clase mayoritarios, que también tenían representantes en el Consejo de Administración de la entidad, además de pedir transparencia en el asunto, deberían de dar todo tipo de explicaciones, pues supongo que para los trabajadores y trabajadoras de Bankia, así como para el resto de la sociedad, el saber que, según se ha dicho en los medios de comunicación, algunos de los consejeros pertenecientes a los sindicatos han percibido más de trescientos mil euros (50.000.000 de pesetas) el año pasado, habrá constituido un hecho inconcebible.

En mi modesta opinión, los sindicatos, más que ninguna otra organización, están obligados a rendir cuentas ante los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, para evitar falsas interpretaciones y rumores de todo tipo, considero que los sindicatos deberían de informar del destino de esas cantidades, que no dudo en absoluto que hayan sido utilizadas en beneficio de la clase trabajadora. Elaborar un informe, y hacerlo público, en el que figure la justificación del cobro de estas cantidades (exorbitantes sin lugar a dudas), las actividades, votaciones, posiciones mantenidas dentro del Consejo por sus representantes y todo aquello que se considere beneficioso para el bien de la imagen del sindicalismo de clase, es algo imprescindible y urgente.

En ello confío. Espero y deseo que se realice cuanto antes.

Saludos cordiales,