El "complejo militar-industrial" de los EE.UU., así denominado por Eisenhower hace muchos años, no hace sino aumentar constantemente su poder sobre las instituciones democráticas de los EE.UU, desde el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Con el pretexto de tan execrable hecho y al rebufo de la conmoción producida por esta causa en la opinión pública norteamericana, el poder de este complejo militar-industrial se ha fortalecido y hecho más visible. Así, hemos tenido que contemplar cómo los respectivos gobiernos de Bush y Obama, en una evidente manipulación del derecho nacional e internacional, aprobaban o aceptaban la así llamada Acta Patriótica, y ambos daban por buenos objetivos militares claramente ilegales, como la guerra de Irak, o acciones políticas incompatibles con una democracia real, como secuestros, torturas o asesinatos, así, crudamente expresado, por no aceptar el lenguaje políticamente correcto de los medios de comunicación, que hablan comúnmente de "detenciones preventivas", "interrogatorios exhaustivos, o "ejecuciones extrajudiciales". Ahí están, como vivos ejemplos de cuál es la verdad, Guantánamo, Abu Ghraib, las cárceles secretas en países europeos amigos o, en otro orden de cosas, el actual estado de aislamiento e indefensión legal del soldado Manning, cuyo delito, revelar la verdad sobre los métodos de embajadas y agencias oficiales estadounidenses, a la luz de la ética universal, no merecería castigo, sino aprobación.
En esta nueva etapa de "guerra al terrorismo", otro concepto acuñado por el sistema para legitimar la intervención militar de los EE.UU. en un país extranjero, el poder y la libertad de acción alcanzados por el Ejército y las múltiples agencias de seguridad e inteligencia resulta tan escasamente ejemplar como preocupante, según pone de manifiesto el hecho de haber impuesto el Ejército, en el caso de la carcel de Guantánmo, su voluntad de mantenerla operativa en contra de la voluntad del Presidente Obama, que pretendía cerrarla, cumpliendo su promesa electoral.
El último episodio de este proceso de deslocalización del poder político democrático en favor del Ejército lo encontramos hoy en la noticia de que el Presidente Obama ha acabado por firmar, en su residencia de Hawai, el mismo día 31 de Diciembre, la llamada Acta de Autorización a la Defensa Nacional (HR 1540), según la cual las personas sospechosas de terrorismo podrán, a partir de esta firma, ser encarceladas por la Policía Militar del Estado de forma arbitraria, esto es, sin cargos precisos, por tiempo indefinido y sin derecho a juicio alguno. Ante esta Ley que, en nombre de la defensa de la libertad y la seguridad del pueblo americano, atenta gravemente contra esa misma libertad y seguridad, y socava el espíritu y la letra de la propia Constitución de los EE.UU., el Presidente, consciente de la gravedad del acto de su firma, se ha limitado sin embargo a firmar el Acta, incluyendo en ella, a modo de disculpa por su mala conciencia, su juicio personal de que tiene "serias reservas respecto de ciertas medidas que regulan la detención, interrogatorio y persecución legal de los sospechos de terrorismo". Toda una muestra de escapismo moral.
En la Historia no suelen darse dos situaciones exactamente iguales, pero ¿cómo no recordar aquí y ahora el Decreto de la Presidencia del Gobierno Alemán para la Protección del Pueblo y el Estado, firmado el 27 de febrero de 1933 por Hindenburg, tras el incendio del Reichstag , provocado por Hitler, en el que se anulaban todas las libertades y derechos civiles de los alemanes, consagrados por la Constitución de Weimar y abría las puertas al nazismo? Esperemos que la evidente deriva de los EE.UU. hacia el fascismo, bajo la fórmula de una dictadura militar vestida de paisano, encuentre en este caso la resistencia interna y externa que la gravedad de la situación exigen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario